Vivienda de Interés
Social o Vivienda Popular: alternativas de liberación
Resumen: El presente
documento se enmarca en el Segundo
Congreso Ideológico José Merino del Río; amparados en este escenario se
pretende debatir acerca las soluciones de vivienda para los sectores de menores
ingresos mediante la actual reflexión. En este sentido, se busca exponer la
manera en que las políticas de vivienda de interés social surgidas a inicios de
la década de los noventa contribuyeron al desmantelamiento de grupos populares
organizados en décadas anteriores, los cuales bajo la consigna de una vivienda
digna generaron un tejido social que presionó a las autoridades de su
momento a abordar el tema. Sin embargo,
como se detallará en las siguientes páginas, el clientelismo político del
Partido Liberación Nacional utilizó esa organización para beneficios
clientelistas. Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Frente Amplio ha de
debatir acerca el modelo de vivienda impulsado por la política nacional y la
manera en que, dado el caso de un eventual gobierno, se relacionará con grupos
organizados.
Las soluciones habitacionales
para los sectores de menores ingresos han sido una preocupación constante para
las clases políticas tradicionales. La primera acción estatal en esta materia
data de 1904 cuando se aprueba el reglamento que regulaba los entonces
conocidos Chinchorros.
A partir de ese momento la atención estatal se ha transformado en función de la
complejidad del sistema, las demandas planteadas por grupos organizados, y, por
supuesto, criterios políticos que suelen dificultar el trabajo al dejar de lado
las recomendaciones técnicas al respecto, o lo que suele ser peor aún, la
utilización de grupos organizados en miras de obtener un caudal político en
miras a ganar elecciones.
Históricamente la izquierda
costarricense no ha obviado el tema. Desde los años cuarenta, cuando se
presenta las dificultades económicas para girar dinero a la Junta Nacional de
la Habitación, el Partido Vanguardia Popular junto a la Iglesia Católica
levantan la voz ante las condiciones que agobiaban al pueblo costarricense, que
junto a los llamados y presión pública
expusieron lo limitado de las acciones gubernamentales de ese entonces.
[…] parte del discurso político de los gobernantes, en una
continuidad de los ofrecimientos de campaña de algunos candidatos […] La
realidad demuestra que la acción de gobierno fue muy limitada ante la dimensión
del problema, por lo que gran parte del discurso gubernamental y político se
convirtió en demagogia o no pasó de las buenas intenciones. (Elizondo Calderón, 2009, pág. 154).
Pese al utilitarismo partidario
en el cual fue usado el tema de la vivienda, el departamento de la Habitación
logró ejecutar proyectos de mayor amplitud y planificados dirigidos a la
población meta. El trabajo realizado en ese entonces fue crucial para que en
1949 fuera incluido en la nueva Constitución Política el acceso de la vivienda
como un derecho y por ende, la responsabilidad del estado en la construcción y
promoción de las soluciones habitacionales.
Es así desde ese entonces
que en Costa Rica se habló de fomentar
las viviendas populares, acción que se consideró revolucionaria ante la alarma
de los sectores conservadores, tal como lo menciona el Reverendo Presbítero
Benjamín Núñez, entonces Ministro de Trabajo y Previsión Social.
Sobre ese problema es ir creando una filosofía de avanzada
social, que bien puede considerarse de revolucionaria ante los conceptos de
carácter comercial prevalente con que hasta ahora se ha enfocado el problema de
la vivienda. Sobre si bien a primera vista pudiera alarmar a círculos
conservadores, ya ha venido siendo adoptado implícitamente por casi todos los
gobiernos del mundo en sus disposiciones sobre la vivienda popular. Ese principio
sería: la vivienda popular no debe considerarse como un negocio particular. La
provisión, en consecuencia, de la vivienda popular ha de considerarse como de
interés público, y, en tal capacidad, ser sustraída de las leyes frías de la
libre empresa para ser atendida, regulada y hasta realizada por el Estado. Este
principio es una derivación a un campo específico de la función social del
Estado reconocido como postulado político de las naciones americanas. (Caja Costarricense del Seguro
Social. Departamento de la Habitación, 1949, pág. i)
El anterior espíritu se encarnó en el
accionar institucional costarricense con la creación del INVU en 1954 y
posteriormente con la creación del Ministerio de Vivienda en 1979. En este
contexto adquiere principal relevancia la presencia de movimientos sociales en
la década de los setenta, y es precisamente en ésta década donde se presenta la primera definición documental del
concepto de Vivienda Popular en Costa Rica, éste es planteado en un seminario
organizado por el Colegio de Arquitectos y en el cual los aspirantes a la
presidencia para las elecciones de 1978 plantean sus propuestas para hacer
frente al problema de vivienda en nuestro país. En ese escenario Rodrigo
Gutiérrez, candidato por el Partido Pueblo Unido quien la define de esta
manera:
[…]
para nosotros la vivienda popular, es
la casa donde el ser humano, la familia, adquiere su máximo desarrollo
espiritual, sicológico, biológico y que concebimos entonces el concepto de
vivienda popular íntimamente ligado a la solución del problema educativo, la
solución del problema de trabajo, a la solución del problema del descanso y la
recreación, a la solución del problema del desarrollo espiritual del hombre. (Colegio de Arquitectos, 1977, pág. 9).
Llama la
atención que la anterior definición rescata la vivienda como una solución que
hace frente a múltiples problemas, no se limita al hacinamiento y a las
condiciones insalubres, por el contrario, en sí misma la rescata, brevemente,
como un elemento de posible liberación ante las soluciones brindadas en la
época por los sectores dominantes.
Lo anterior recobra un carácter importante en el discurso del señor
Gutiérrez, ya que él posiciona esa visión de la vivienda en contraposición a
las alternativas brindadas por los sectores dominantes/hegemónicos de la época:
casas de bajo costo que albergue a una gran cantidad de personas. Esta noción de la Vivienda Popular tiene
similitudes con las formulaciones realizadas en Latinoamérica en el mismo
periodo, las cuales ligan estas soluciones a la migración campo-cuidad y a los
sectores empobrecidos.
A pesar de dicha propuesta. En la
década de los setenta se presenta una crisis económica donde Rodrigo Carazo
intentó incentivar la construcción como medida para afrontar el debacle
económico, proponiendo el Fondo Nacional para la Vivienda Popular.
“… una de las formas más viable de hacer menos vulnerable
nuestra economía a la situación que se avecina (depresión económica), consiste
en la intensificación por parte del gobierno de la construcción de obras
públicas. Aquí la construcción intensiva de vivienda para los próximos años
puede ser uno de los paliativos más eficaces para asegurar los empleos
existentes y crear nuevas oportunidades a la población que año con año aumenta
las filas de los económicamente activos. (Memoria del INVU citada por Richards,
Tosatti & Valle, 1976, pág. 24).
No obstante, la encargada de
edificar las viviendas sería la empresa privada no el Estado, al cual
únicamente le correspondería brindar un flujo de capital para hacer más
rentable la inversión privada. Sin embargo la propuesta no se limita a la
vivienda popular.
La intención de este fondo es
clara, activar el mercado con fondos públicos, para ello limitarse a la vivienda
popular sería contraproducente, la iniciativa va más allá, ya que toma en
cuenta viviendas para otros sectores de la sociedad, las llamadas media y alta. La anterior posición lejos de
representar a los grupos excluidos, sintetiza los intereses de un sector
dominante que pretende sacar provecho a partir de una necesidad concreta de las
personas, en consecuencia, la intervención estatal está justificada en tanto no
implique pérdidas para las empresas privadas que lleven a cabo esa labor. La
magnitud del proyecto generó controversia en su momento evidenciadas en la
siguiente cita.
Resulta
interesante apuntar cómo, en el curso de la polémica, los sectores que se
oponen al proyecto proponen adjudicarle al Estado exclusivamente el papel de
adecaudor de la infraestructura […] Por otro lado, detrás de una
pretendida intención de resolver el problema social del país se esconde la
necesidad que tiene la clase capitalista de aumentar constantemente el volumen
de sus inversiones. (Lungo, Richards, Tosatti, & Valle, 1976, pág. 26)
En todo caso, la propuesta no
encarna la noción de popular que se describió líneas atrás, tan solo conserva
el nombre en aras de generar ganancias que deriven del uso de una necesidad
puntual; no es una iniciativa liberadora, no es formulada por quienes viven la
carencia de vivienda en su día a día, en síntesis, es una iniciativa
oportunista gestada por un grupo hegemónico que desea aumentar su capital. ¿Qué
pasó con la otra cara de la moneda? Se organizaron y así surgieron los comités
de vivienda.
En la misma década de los setenta, y ante la ineficacia
del programa lotes y servicios, diversos grupos de la sociedad civil
empezaron a organizarse en pequeñas organizaciones llamadas Comités de
Vivienda, los cuales tenían como finalidad conseguir partidas específicas a
diputados para adquirir un terreno. Su historia y desenvolvimiento en los años
siguientes tuvo varios altos y bajos, que culminaron con su extinción, en las
siguientes líneas se buscará puntualizar en los aspectos más relevantes.
Uno de los momentos a destacar
es la consolidación nacional de este tipo de organizaciones se presenta el año
de 1981 surge COPAN como una entidad que organizó las luchas de diversos
comités de base, principalmente en el área central del país. Este nivel de
organización llamó la atención de dirigentes del Partido Liberación Nacional,
partido que imitó esta fórmula creando sus propios comités.
Al ver el éxito
organizativo logrado, el Partido Liberación Nacional, entonces en la oposición,
montó su propia estructura de comités de vivienda durante la campaña electoral
de 1982, llamada el Frente Democrático de la Vivienda. Al ganar las elecciones
de 1982, hubo un intento de convertir la solución de la vivienda nuevamente en parte
del “botín político”, como había sido tradicional. (Morgan Ball, 2001, pág. 8).
La clara intención de hacer de
las soluciones de vivienda un botín político fracasó, el Estado no contaba con
una estructura debidamente organizada para llevarlo a cabo, y, el único
programa existente (lotes y servicios) continuaba sin financiamiento.
Durante este lapso el comité de vivienda liberacionista se limitó a organizar
la invasión de propiedades estatales, tarea marcada por un claro oportunismo,
ya que se hizo con el respaldo del partido que les respaldaba y al mismo tiempo
gobernaba. Pese al claro interés de favorecer al partido más que a las personas
que carecían de vivienda, la iniciativa liberacionista no pudo desplazar a
COPAN, constituyéndose ambos como actores a considerar en las elecciones
presidenciales de 1986.
En las siguientes elecciones
un candidato atrajó la atención de COPAN y del comité liberacionista con su
promesa de 80 000 viviendas: Óscar Arias Sánchez. El anterior ofrecimiento
produjo, entre otras variables, que dicho personaje ganará las elecciones, no
obstante, el lapso temporal que distanció la elección y la posterior toma de
posesión se gestó un hecho que marcó la política de vivienda de su gobierno.
Entre la
elección de Arias y su toma de posesión, hubo un acontecimiento de mucha
trascendencia en las acciones inmediatas en el campo de la política de vivienda
del nuevo gobierno- la masiva invasión de los terrenos de Los Guidos (propiedad
del Estado) por los dos frentes de vivienda vinculados con el Partido
Liberación Nacional –el Frente Democrático de Vivienda y el Frente
Costarricense de Vivienda […] la invasión se prolongó durante más de 8 meses,
llegando a ocuparse toda la finca, con más de 3. 000 familias. (Morgan Ball,
2001, pág. 9).
La invasión del terreno de Los Guido tuvo una
particularidad, con la edificación de nuevas viviendas informales se evidenció
la carencia de infraestructura y servicios urbanos que facilitasen el diario
vivir de las personas a lo interno de la localidad. Esta condición facilitó que
el gobierno de Arias declarara el problema de la vivienda como emergencia
nacional fomentando el trabajo del estado con diversas organizaciones que
agruparan a personas con carencia de una vivienda55, iniciativas donde se destacó
las alternativas de autoconstrucción. El nuevo accionar estatal no se limitó a
esta modalidad de construcción ya que se amplió a la creación de nuevas
instituciones que conformaron lo que hoy se conoce como el Sistema Nacional de
Vivienda (SFV).
Con la instauración del SFV se
generan las condiciones para que el Estado cumpla los roles de supervisar y
financiar mientras que la empresa privada edifica las soluciones
habitacionales, elementos favorables a un sector hegemónico que desde más de
una década atrás propusieron un sistema similar usando como telón de fondo la
vivienda popular. En ambos casos, y como se puntualizó líneas atrás, las
alternativas no contemplan el carácter liberador ni respetan la
autodeterminación de los sectores que carecen de vivienda, no, la nueva
ventanilla finalmente posibilita el lucro de empresarios a partir de una
carencia material, la cual es solventada aparentemente por el Estado, cuando en
el fondo lo que promueve es la visión de la vivienda como una mercancía y no
como un derecho.
De este modo, emergen materialmente un conjunto de
factores que favorecen la imposición de una forma de solucionar un problema de
parte de grupos que no lo viven y cuyo único interés es lucrar con la solución.
Es evidente que los sectores que precisan de la vivienda no poseen la capacidad
de pago y ahorro, con la nueva institucionalidad esta limitante es superada
abriéndose el preámbulo para el negocio. La cereza en el pastel es el silencio
e inexistencia de los grupos organizados, meta alcanzada en la administración
de otro gobierno liberacionista liderado por José María Figueres Olsen.
La caída de los comités de vivienda
inicia en el preámbulo de las elecciones de 1994 cuando se politiza el subsidio
de vivienda por parte de partidos políticos, puntualmente, el Partido
Liberación Nacional, ofreció documentos como respaldo de un posible bono, en
consecuencia, cuando Figueres asumió la presidencia cerca de 300 000 familias
contaban con escritos que les otorgaba el derecho a bono. La consecuencia final de esta irresponsable promesa de campaña fue la
distorsión del sistema57 de otorgamiento del bono, lo cual sumado a
proyectos en desarrollo destinados a familias de grupos organizados
imposibilitaron en un primer momento cumplir la promesa de campaña. La solución
al dilema se encontró en una fuerte campaña de deslegitimación por parte del
Estado hacia los sectores organizados encabezada por el Ministerio de Vivienda,
el Instituto Nacional de Vivienda y la Defensoría de los habitantes.
Esta campaña
tuvo varias vertientes. Por un lado empezaron a aparecer artículos en
periódicos nacionales con denuncias sobre estafas cometidos por algunos líderes
comunales. Por otro lado, voceros del Ministerio de Vivienda ofrecían
declaraciones en el mismo sentido. Así nació la campaña contra los “zopilotes
de vivienda”. En ese contexto surgen agresiones de personajes institucionales contra
asociaciones de vivienda de gran revuelo periodístico, Víctor Evelio Castro,
entonces el Presidente Ejecutivo del INVU, convoca a la prensa y desaloja, el
personalmente junto con una gran contingencia de policía, a la Asociación
Coordinadora de Lucha por una Vivienda Digna… La Defensoría del Habitante
también participó en esta campaña, al publicar un informe con graves denuncias
contra COPAN, recomendando la intervención de varias instituciones, incluyendo
la Contraloría de la República y el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos, además de incitar a Sistema Financiero Nacional para la Vivienda a
declarar a esta organización como 2contratista inconveniente”. (Morgan Ball,
2001, pág. 33).
Las denuncias de los diarios acompañadas del respaldo de
las autoridades institucionales tuvieron gran eco en la sociedad costarricense
de ese entonces, no obstante, resulta interesante que pese a todo, no se
realizaron denuncias concretas ante el Ministerio Público en contra de las
organizaciones de vivienda. Aunque las demandas legales no se presentaron, toda
la campaña sirvió de excusa para paralizar los proyectos que se estaban
realizando e implementar un mecanismo para otorgar subsidios, acción
protagonizada por los políticos en las Comisiones Cantonales de Vivienda58 que
designo la prioridad de otorgamiento en cada cantón del país. Estas estrategias
dirigidas y ejecutadas por el Partido Liberación nacional tuvo como
consecuencia la desaparición de los grupos.
Ante la desaparición de los
grupos organizados la utilización de la necesidad de vivienda ha continuado, el
surgimiento de zopilotes de vivienda ha continuado, con una lógica distinta, en
lugar de organizar a las comunidades para que éstas desarrollen sus proyectos
se busca a grupos de personas que carecen de vivienda para pedirles dinero para
que éstas persona haga supuestos trámites ante la institucionalidad
costarricense. Esto no implica que las gestiones se hagan, incluso, puede que
la extorsión llegue al punto en que obliguen y amanecen a una comunidad a tomar
terrenos donde nos viable construir para luego desaparecer cuando las
autoridades señalan los potenciales riesgos de edificar ahí, claro, ya el cobro
de cuotas fue hecho y las promesas no llegaron a reflejarse en una vivienda.
Estos antecedentes configuran un sistema de vivienda
orientado a Ante la desaparición de los grupos blindar a empresas privadas tal
como lo demuestra el siguiente cuadro.
|
Tipo de
política de vivienda
|
Principales
características
|
|
Políticas
tradicionales de vivienda de interés social
|
Estado
participa como diseñador y urbanista.
Uso de
fondos públicos.
Subsidios
de vivienda a precios inferiores a los del mercado
|
|
Políticas
de vivienda social orientadas al mercado
|
Estado
como ente regulador, promotor y subsidiador.
Empresas
privadas se encargan de la construcción y del giro del dinero.
Se divide
en tres tipos:
1.
Subsidio a la demanda de la vivienda: Los subsidios permiten a la familia ir
al mercado a comprar su vivienda, la cual debe cumplir ciertas
características; es una política focalizada.
2. Ahorro
precio y otros aportes de los beneficiarios: La familia debe generar un
aporte al financiamiento de sus viviendas, puede ser, ahorro previo, lote,
materiales de construcción o su mano de obra.
3.
Crédito para vivienda en condiciones de mercado: Al ser personas calificadas
como riesgosas por los bancos, se genera el incentivo de un mercado dirigido
a la vivienda de interés social.
|
Fuente: Elaboración propia a partir de Políticas de vivienda de interés social
orientadas al mercado: experiencias recientes con subsidios a la demanda en
Chile, Costa Rica y Colombia.
Pese a configurar el aparato estatal para satisfacer
la demanda de las empresas privadas, o bien hacer fructífero el negocio para
unas cuantas, los grupos organizados de vivienda aún existen, limitados ante un
sistema financiero de vivienda rígido que limita su accionar en el marco de
reglas que no les benefician, ni les consideran como parte activa de la
formulación de proyectos reivindicativos . Pese a esta limitación personas en
las comunidades se unen para buscar solución a su necesidad, muchos factores
pueden motivar estas uniones: desconocimiento del sistema, promesas de
políticos y zopilotes, cansancio de dichas promesas, entre otras, hacen que la
noción de lo popular tenga alguna pequeña posibilidad hasta encararse con el
sistema: aún hay intenciones claras de
mejorar las condiciones de vida, de liberarse de las limitaciones que ha
gestado una historia de política pública que solo ha contemplado a esta población
como una justificación de negocio. En tal escenario surge una interrogante:
¿qué posición tomar ante esta realidad que se puede presentar el Partido Frente
Amplio al tratar con estos sectores, ya sea en los aspectos más técnicos de una
organización o en puestos de toma de decisión?
Como partido el Frente Amplio
aduce en sus estatutos ser una organización popular
en donde abre sus puertas a otros actores sociales. EL autor Helio Gallardo
expone que al sector popular lo
caracteriza por sufrir las asimetrías de un sistema que atenta contra sus
condiciones de vida
,
tal como se ha expuesto hasta el
momento, los sectores en busca de una vivienda digna en nuestro país sufren
dichas asimetrías, no obstante como partido hemos de analizar coyunturalmente a
cuales intereses responden esos grupos, esto debido a que pueden ser utilizados
para proteger un negocio viciado, tal como ha mostrado sectores del Foro
Nacional de vivienda.
Al año del 2014
existen diversos grupos organizados pro-vivienda que, tal como pasó con el
Frente Democrático de la Vivienda en los ochenta, son manipulados para proteger
los intereses de compañías constructoras, particularmente esto pasa con el
denominado Foro Nacional de Vivienda creado en el lapso de transición del
gobierno de Laura Chinchilla al de Luis Guillermo Solís. La finalidad de estas
agrupaciones es velar por de las
compañías constructoras -o bien intereses políticos cuando éstos se apuntan-
ante la transición a un gobierno de “supuesto cambio” que plantea la
posibilidad de una ruptura con la
política tradicional de vivienda. Queda entonces, al profesional saber
identificar cuándo la población está siendo manipulada en función de la defensa
de la empresa privada por encima de la satisfacción de su necesidad.
La identificación de
esta dinámica se posiciona como un primer paso relevante para no reproducir
mediante la labor profesional más amarras a la direccionalidad de sus
iniciativas. Otra tarea importante es el respeto y promoción de la autonomía
que las nuevas agrupaciones contengan,
de modo tal que propuestas innovadoras surjan en aras de modificar el sistema,
tal como está siendo el ejemplo del Cooperativismo de Vivienda de Autogestión,
Ayuda Mutua y Propiedad Colectiva desarrollada por COVIFUDAM en la Carpio.
En este sentido, se
proponen para el partido x propuestas puntuales:
1. Formar una Secretaría o Comisión en materia
de Vivienda con un grupo de expertos a los cuales el partido como organización
pueda recurrir, coordinar y consultar en materia de grupos organizados, vivienda
de interés social y ordenamiento territorial, así como entidades o empresas que
validan la vivienda como un derecho más que una mercancía. Al respecto es
importante destacar y rescatar los aportes que a nivel de fracción
parlamentaria ya han hecho en torno al tema.
2. Ligado con lo
anterior, al momento de tratar con grupos organizados brindarles la guía en su
proceso, lo cual no implica dictarles una línea o mandato de su deber ser como
organización, sino recomendaciones a implementar en aras de mantener la
autonomía de la agrupación.
3. A nivel de
formulación de políticas públicas se recomienda
apoyar las iniciativas que surgen a partir de grupos de la sociedad
civil que son innovadoras en un contexto rígido que limita el accionar estatal,
tal como es el proceso del plan piloto de Cooperativismo de Vivienda de
Autogestión, Ayuda Mutua y Propiedad Colectiva desarrollada por COVIFUDAM en la
Carpio, el cual en su momento requerirá modificaciones a nivel de ley para el funcionamiento del
modelo.
4. En caso de gobernar, establecer espacios de
diálogo entre los distintos actores involucrados en donde se defienda la
premisa de la vivienda como un derecho más que una mercancía.
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